Acción Ejecutiva referente a Migracion de Obama

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este texto o sobre temas migratorios por favor comuníquese vía telefónica o por correo electrónico con Erika Rodríguez, Abogado de Inmigración en San Diego, con amplia experiencia en esta área y que gustosamente le asesorará.

INTRODUCCIÓN

En los días 20 y 21 de noviembre de 2014, el presidente Obama anunció su “Acción ejecutiva referente a responsabilidad en el ámbito migratorio”, esta incluye una serie de medidas que son los primeros pasos hacia reformas que son de sentido común a un sistema de migración obsoleto.

La serie de acciones ejecutivas presentadas por la administración van desde nuevas protecciones de migración temporal para padres de ciudadanos estadounidenses en situación ilegal y residentes permanentes legales, y hasta propuestas regulatorias altamente técnicas para fijar disposiciones de visado obsoletas. La serie de cambios, actualizaciones y medidas de carácter temporal se basan en la expansión de los programas llevados a cabo con éxito, mayores esfuerzos para coordinar la aplicación de políticas de migración y beneficiarlas en las agencias, y los intentos de utilizar la inmigración como una herramienta para el cambio económico y social. Al mismo tiempo, las políticas reflejan los límites de la autoridad ejecutiva, en muchos casos ofrecen acuerdos temporales hasta que el Congreso actúa definitivamente para reformar la ley.

Esta guía de la American Immigration Council pone los problemas en su contexto, explicando lo que sabemos acerca de las acción ejecutiva hasta el momento, lo que significa la autoridad legal del Presidente en estas acciones.

VISIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN EJECUTIVA 

El Presidente anunció esfuerzos para reorientar aspectos críticos del sistema de migratorio -desde cómo hacemos cumplir las leyes sobre este tema, cómo procesamos los beneficios de migratorios, cómo exhortamos la futura innovación empresarial, y cómo damos la bienvenida a los inmigrantes a esta nación. Además, reconociendo el fracaso en alcanzar una solución legislativa que abarque el destino de los inmigrantes no autorizados que han vivido en el país por años. El Presidente autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para expandir significativamente el uso de acciones diferidas para proporcionar una protección temporal contra la deportación de millones de inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en los EE.UU. Esto se logrará a través de la expansión del actual programa de la Acción Diferida para el arribo durante Infancia (DACA), así como la creación de un nuevo programa de Acción Diferida para la Responsabilidad parental (DAPA).

La expansión del uso de la acción diferida está vinculado con la aplicación de otras medidas, incluyendo un nuevo memorándum de prioridades de deportacion, que proporciona lineamientos generales a todas las agencias de centrar la atención en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional: los que tienen cargos criminales graves y los que entraron ilegalmente recientemente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está sustituyendo el polémico programa “Secure Communities” (Comunidades Seguras) en favor de un nuevo modelo de cooperación federal/estatal/local que se centra en los criminales convictos, en lugar de todos los inmigrantes ilegales encontradas por las autoridades. El DHS consolidará aún más su enfoque en la seguridad fronteriza, el desarrollo de nuevos grupos de trabajo para coordinar los numerosos actores federales en la frontera sur.

Se formarán grupos de trabajo interinstitucionales para hacer recomendaciones para reestructurar y modernizar las prácticas actuales de procesamiento de visas; mejorar la coordinación entre el Departamento del Trabajo, el DHS y otras agencias federales; además de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes. El Presidente también creó un “Grupo de Trabajo Nuevos Americanos”, asignando a una amplia gama de agencias federales la tarea de desarrollar una política nacional de integración migratoria y cooperación con las comunidades locales. Además, ha encargado a los Servicios de Ciudadanía y Migración (USCIS) embarcarse en un ambicioso esfuerzo para apoyar la naturalización.

Muchos otros programas serán modificados o ampliados, incluyendo programas que protegen a miembros ilegales de la familia de aquellos que se unan al ejército, una expansión al perdón dentro por inadmisibilidad de “three- and 10-year” (tres y diez años), y protecciones para trabajadores calificados que estén transitando de estatus temporal a legal.

Estas medidas se llevarán a cabo en una variedad de formas. Por ejemplo, el presidente firmó dos memorandos lanzando iniciativas en torno a la integración y reformas de visas, pero otras acciones se han anunciado a través de memorandos emitidos por el DHS y otras agencias del gabinete. Algunos, como el nuevo memo de prioridad de ejecución o la elegibilidad para los programas de acción diferida tienen categorías y criterios específicos ya establecidos. Otros memos solicitan a las agencias explorar, considerar, realizar borradores, recomendar o emitir políticas y recomendaciones que se desarrollarán e implementarán en el transcurso de los próximos dos años. En cualquiera de los casos, las respuestas a muchas preguntas sobre cómo se desarrollarán o implementan programas, y el papel de las partes interesadas en el moldeado de los mismos, están aún por venir.

PROGRAMAS DE ACCIÓN DIFERIDA

¿Qué es el nuevo programa DAPA?

La Acción Diferida para la Responsabilidad Parental (DAPA) es un programa de discreción procesal administrado por los USCIS que proporciona una demora temporal a la deportación (acción diferida). La acción diferida no solo difiere la deportación pero proporciona al aplicante un permiso temporal de trabajo. El programa DAPA se asemeja al programa DACA en algunos aspectos importantes, pero los criterios de elegibilidad son distintos.

El programa estará abierto a personas que:

• Tengan un hijo o hija estadounidense o LPR al 20 de noviembre de 2014;
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2010;
• Estar físicamente presente en los Estados Unidos al 20 de noviembre de 2014, y en el momento de la aplicación;
• No tener estatus legal de inmigración al 20 de noviembre de 2014;
• No ser una prioridad en la aplicación de la ley migratoria, que está definida para incluir a las personas con una amplia gama de condenas penales (incluyendo ciertos delitos menores), aquellos sospechosos de participación en pandillas y terrorismo, ingresos ilegales recientes y algunas otras violaciones a la ley de inmigración.
• Que no presenten otras características que conviertan en inadecuado el otorgamiento de la acción diferida; y
• Pasar una verificación de antecedentes.

La subvención DAPA tendrá una duración de tres años y debería estar listo para recibir solicitudes dentro de 180 días.

¿Cómo se amplió DACA (Dream Act)?

La Acción Diferida para el arribo durante Infancia (DACA) es un programa de discreción procesal administrado por los USCIS que proporciona una demora temporal a la deportación (acción diferida) y da un permiso de trabajo temporal.  Las personas que son elegibles son  aquellos que hubieran sido traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, a menudo llamados “SOÑADORES“. Mientras DACA no ofrece una vía para la legalización del estatus migratorio, ha ayudado a más de medio millón de adultos jóvenes elegibles a tener una vida normal, lo que mejora su bienestar social y económico.

El 20 de noviembre de 2014, la Administración modificó el programa DACA eliminando el límite máximo de edad y haciendo a aquellas personas que residían aquí antes de 1 de enero 2010 elegibles. Anteriormente, los solicitantes tenían que tener menos de 31 años al 15 de junio de 2012, y haber residido aquí continuamente desde el 15 de junio de 2007. Aunque USCIS continuará aceptando solicitudes y renovaciones en virtud de los criterios actuales, los que son elegibles bajo los nuevos criterios deben poder aplicar dentro de los 90 días después de la fecha del anuncio.

¿Cuántas personas están beneficiadas?

La Casa Blanca estima que casi 5 millones de inmigrantes ilegales podrían verse beneficiados por los programas DACA y DAPA. Un análisis reciente del Instituto de Políticas de Migración (MPI) estima que unos 3.7 millones de inmigrantes no autorizados podrían ser elegibles para el programa DAPA, mientras que otras 300.000 personas podrían calificar para la DACA bajo las nuevas normativas ampliadas. En base a las estimaciones previas de que 1.2 millones de personas eran elegibles para el programa original DACA, esta expansión, lleva el total de individuos potencialmente elegibles a la DACA a 1.5 millones de personas. En conjunto, las cifras del MPI sugieren que 5.2 millones de inmigrantes no autorizados podrían calificar para protección contra la deportación en alguno de los dos programas. Sin embargo, la experiencia sugiere que en última instancia, el número real de personas que aplican para el programa puede ser mucho menor, dependiendo de la difusión, el acceso, costo, y muchos otros factores.

¿Cómo el gobierno va a asegurarse de que las personas que pueden optar a la DAPA no sean deportados antes de que el nuevo programa entre en vigencia?

El DHS ha dado instrucciones a los funcionarios, tanto en Migración y Control de Aduanas (ICE) como en Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para identificar a los individuos elegibles para DACA ampliada y DAPA que ya estén en su custodia en proceso de expulsión, previstos para deportación o los recién encontrados y ejercer acciones favorables para esas personas. Para las personas elegibles que se encuentren en la corte de migración o ante la Sala de Apelaciones de migracion, los abogados de ICE tienen instrucciones de cerrar o terminar sus casos y referir a las personas a USCIS para la evaluación caso a caso.

¿Cómo serán financiados los programas de acción diferida?

Los programas de acción diferida se financiarán con una cuota de 465 dólares por solicitud. Esto es similar al programa DACA que el presidente Obama anunció en 2012. El DHS ha señalado que “no habrá exención de tasas y, tal como la DACA, muy limitadas exenciones de tarifas”.

¿Por qué no puede el Presidente acabar con esto y conceder un estatus legal permanente?

El nuevo programa DAPA, como el DACA, es una medida temporal, diseñado para eliminar el miedo a la deportación, mientras que el país acuerda una resolución sobre el estatus legal permanente para el ilegal. El Poder Ejecutivo puede aplazar la decisión, reusarse a deportar a un individuo, pero sólo el Congreso puede determinar quién es elegible para el estatus de permanencia y la ciudadanía.

¿Por qué DAPA no es una amnistía?

Los programas DAPA y DACA son medidas temporales que no cumplen con las definiciones técnicas o políticas de amnistía en uso hoy en día. Técnicamente, una amnistía “es un indulto gubernamental, a menudo emitidos a personas o grupos de condenados por delitos, y representa una forma de perdón en el que la parte infractora es admitida nuevamente en sociedad. El programa de legalización de 1986 fue referido a menudo por sus partidarios como una amnistía, bajo este programa, las personas que estaban en el país ilegalmente podían presentarse, demostrar que cumplían ciertos criterios, pagar cuotas, y obtener una Green Card. Con los años, el término amnistía ha sido tomado por los críticos de la inmigración y los restricciones al referirse a un acuerdo de “algo por nada”, en el que la legalización es visto como una recompensa por entrar en el país ilegalmente. Para muchos críticos de la inmigración, algo menos que la deportación es una “amnistía”, independientemente de los estrictos criterios establecidos para garantizar que los inmigrantes no autorizados pagaran multas y cumplieran numerosos requisitos para obtener un estatus legal. En el caso de las DACA y DAPA, estos programas ofrecen a algunos inmigrantes ilegales un alivio temporal, pero no ofrecen ni estatus legal de permanencia ni una oportunidad para obtener la ciudadanía. Ese poder continúa en manos del Congreso.

¿Los destinatarios del programa DAPA serán elegibles para obtener beneficios públicos?

Los destinatarios de la DAPA no serán elegibles para beneficios federales públicos, incluida la ayuda financiera federal, cupones de alimentos y subsidios de vivienda. El New York Times informó que el gobierno de Obama promulgará reglamentos para excluir a los destinatarios del programa DAPA de los beneficios bajo la “Affordable Care Act” (Ley de Salud Asequible), al igual como lo hizo en las repercusiones del anuncio del programa DACA.

Si los destinatarios DAPA serán elegibles para recibir beneficios estatales y oportunidades como las licencias de conducir, matrícula estatal y licencias profesionales dependerá de las leyes de cada estado. Durante la publicación de esta guía, los destinatarios de acción diferida son elegibles para obtener licencias de conducir en la inmensa mayoría de los estados.

BENEFICIOS DE INMIGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE VISAS

¿Qué es el Memorando Presidencial sobre la modernización de visas?

El 21 de noviembre de 2014, el Presidente emitió el Memorando Presidencial sobre la “Modernización y Reestructuración del Sistema de Visas de Inmigrante estadounidense para el siglo 21″. En esta nota, el Presidente pidió a las agencias de inmigración elaborar recomendaciones para mejorar el sistema actual de visados, mientras que al mismo tiempo se refuerza la necesidad de reformas legislativas para que el sistema de migraciones de los Estados Unidos esté en línea con las necesidades económicas y de seguridad nacional vigentes. Ha pedido a los secretarios del Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Estado, en consulta con la Casa Blanca, el Fiscal General, los Secretarios de Agricultura, Comercio, Trabajo y Educación, y las partes interesadas no gubernamentales a presentarle recomendaciones antes del 20 de marzo de 2015.

Las recomendaciones deberán estar diseñadas para garantizar: (1) que el procesamiento de visas de todos los inmigrantes (permanentes) y no inmigrantes (temporales) se lleve a cabo de manera eficiente, con énfasis en la reducción de costes, residuos y fraudes al tiempo en que se mejoran los servicios; (2) que todos los números de visas de inmigrante disponibles sean utilizados en consonancia con la demanda; y (3) prever la existencia de una infraestructura tecnológica más fuerte para mejorar la experiencia del solicitante, permitiendo mejor supervisión. Además de  eliminar los sistemas duplicados. Las recomendaciones deben incluir indicadores para medir el progreso en la ejecución y en el logro de mejoras en el servicio, al tiempo que protege la integridad de las fronteras de los Estados Unidos y las oportunidades económicas para los trabajadores estadounidenses y extranjeros.

¿Qué cambios se proponen para las visas basadas en el trabajo?

El secretario del DHS Jeh Johnson emitió un memorando delineando nuevas políticas que apoyen a las empresas estadounidenses y a los trabajadores altamente cualificados mediante una mejorando las posibilidades para que los empleadores contraten y retienen a los trabajadores extranjeros. En primer lugar, el Secretario pidió a los USCIS tomar medidas para reducir los tiempos de espera para visas de inmigrante basadas en el empleo y mejorar la tramitación de visados. Con demasiada frecuencia, los visados no se han usado debido a problemas de procesamiento. Los USCIS trabajarán con el Departamento de Estado (DOS) para asegurarse de que todos los visados autorizados por el Congreso se expidan a las personas elegibles cuando hay suficiente demanda. USCIS también trabajará con el DOS para mejorar el proceso para determinar cuándo las visas de inmigrante estarán disponibles para los solicitantes durante el año fiscal. Además, el Secretario solicitó a los USCIS considerar los cambios regulatorios o de políticas que garanticen que las personas con peticiones de visa pendientes no pierdan su lugar en la fila si cambian de trabajo.

En segundo lugar, las agencias han anunciado una serie de cambios en las políticas destinadas a evitar que la gente emprendedora y creativa -muchos de los cuales recibieron su educación superior en los Estados Unidos- continúen abandonando el país para trabajar en el extranjero, una tendencia que ha creado gran incertidumbre y frustración en los empleadores. Los cambios propuestos incluyen:

• Las reformas al programa de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT), que autoriza a los estudiantes extranjeros para que antes y después de la graduación en las escuelas de los Estados Unidos puedan adquirir experiencia de trabajo en sus campos. Los cambios ampliarían las disciplinas elegibles para el OPT. Además, permitirán a los estudiantes extranjeros con títulos en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) que ya son elegibles para optar por el OPT, para trabajar por un período más largo en los Estados Unidos.
• Ofrecer mayores oportunidades para que los inventores extranjeros, investigadores y emprendedores lleven a cabo labores de investigación y el desarrollo, además de crear empleos en el país.
• Consolidar la orientación para garantizar una mayor coherencia en la adjudicación de visas L-1B para “transferido internas entre compañías”. Estas visas permiten a las empresas multinacionales transferir ciertos gerentes, ejecutivos o personas con conocimientos especializados en sus campos a los Estados Unidos por un periodo temporal.
• Mayor flexibilidad en las normas que permiten a los solicitantes de las visas de residente permanente basadas en trabajo a cambiar de empleo (llamado “porting”-transferencia-), si sus solicitudes se paralizan debido a retrasos en el procesamiento.
• Revisión del proceso de certificación del Departamento del Trabajo (DOL) de mano de obra extranjera, conocido como el proceso PERM. El proceso de certificación es un paso inicial en la obtención de la residencia permanente basada en el empleo y requiere del DOL para determinar que no haya suficientes trabajadores estadounidenses para el puesto solicitado y que el empleo del trabajador extranjero no afectará negativamente a los trabajadores estadounidenses.
• Completar el trabajo sobre algunas iniciativas actuales como la autorización de empleo para ciertos cónyuges de los trabajadores extranjeros con visas H-1B (a saber: trabajadores temporales altamente cualificados) que hayan sido aprobados para recibir la residencia permanente bajo el patrocinio del empleador.

¿Qué es una renuncia provisional y cómo puede ayudar a los familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que podrían ser elegibles para el estatus permanente?

Muchos familiares de ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos en condición de ilegales podrían convertirse en residentes permanentes si dejaron el país, solicitaron y obtuvieron una exención de ser rechazados por su presencia ilegal en los Estados Unidos (El problema de la norma tres y 10 años), y luego aplicaron para una visa de inmigrante a través de un consulado estadounidense en el extranjero. Este proceso es incierto y puede durar años, tiempo durante en el cual el individuo es separado de su familia en los Estados Unidos.

En 2013, USCIS aprobó regulaciones que permiten a cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses solicitar el perdón de inadmisibilidad dentro del territorio de los Estados Unidos y luego viajar al extranjero para su procesamiento consular después de que USCIS apruebe el perdón provisional. Estos cambios reducen significativamente el tiempo que los familiares tuvieron que permanecer fuera del país y proporcionan más certeza de que podrían regresar. Bajo la nueva normativa del DHS, se le pide a los USCIS  adoptar un nuevo reglamento y así ampliar los familiares elegibles para el proceso de “perdón  provisional” (también conocido como “Stateside processing (Procesamiento en el país)” para incluir a los hijos adultos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales y adicionalmente, a los cónyuges e hijos menores de residentes permanentes. No hay fecha límite para la adopción de estas nuevas regulaciones.

El Secretario de Seguridad Nacional también solicitó a USCIS que proporciona orientación adicional con respecto a las normas para la obtención de un perdón  provisional. Con el fin de obtener un perdón, la persona debe demostrar que su ausencia de los Estados Unidos causaría “dureza extremas” a su cónyuge o padre que es ciudadano estadounidense o residente permanente. Ni la ley ni los tribunales han definido específicamente como está constituida esa dificultad. El Secretario de Seguridad Nacional afirmó que “la orientación adicional sobre el significado de la frase “dureza extrema” proporcionará un uso más amplio de este programa”.

¿Cuáles son las diferencias entre la permiso de entrada condicional, libertad condicional anticipada y la libertad condicional en lugar?

Al menos tres memorandos separados del DHS abordan diversos aspectos de la “permiso de entrada condicional”. En el contexto de migración, el permiso de entrada condicional (Parole) se refiere a que una persona pueda entrar temporalmente los Estados Unidos con fines de dar un beneficio público significativo o por razones humanitarias, sin técnicamente admitir a la persona en el país. Aunque la entrada condicional se emite en una base de la evaluación caso por caso, hay una larga historia de categorías designadas para las personas que pueden calificar para la entrada condicional.

Hay dos  son dos formas permiso de viaje condicional. La primera se refiere a dar a una persona que reside actualmente en los Estados Unidos en un estatus temporal, permiso para viajar al extranjero por un período corto y regresar a los Estados Unidos sin comprometer su situación existente. La segunda inspección diferida en la que una persona que ya está en los Estados Unidos, pero que está aquí sin permiso, se le concede la inspección diferida sin salir del país. Los individuos  a los que se les ha concedido el permiso de viaje condicional o la inspección diferida podrían lograr obtener un estatus legal permanente sin salir de los Estados Unidos, si son elegibles.

¿Qué cambios se están haciendo a las políticas de libertad condicional?

Libertad condicional en el lugar de proteger a las familias de militares

El Secretario Johnson anunció nuevas políticas para proteger a los miembros ilegales de familiares militares de Estados Unidos y/ o de los que buscan a enlistarse. En noviembre de 2013, el DHS emitió una guía que permite inspección diferida  a los familiares no autorizados de personal militar y de veteranos. El Secretario también pidió a USCIS a considerar la concesión de acción diferida para los familiares de los militares y veteranos que se han sobre pasado el límite de tiempo de sus visas.

Política de Inspección a través del permiso condicional de viaje (parole)

Bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Interna, los funcionarios del DHS serán instruidos para seguir una decisión de inmigración de 2012 (Caso de Arrabelly), encontrando individuo en situación legal que viaje al extranjero después de la concesión permiso de viaje termporal y no active la norma de tres o 10 años que normalmente se aplica cuando una persona sale de los Estados Unidos después de vivir aquí ilegalmente por más de seis meses. En virtud de esta decisión, las personas que serían elegibles para el estatus LPR (residentes legales permanentes) pero por el hecho de que su última entrada a los Estados Unidos fue ilegal pueden ser capaces de solicitar la condición de residente permanente usando su libertad condicional de nuevo en los Estados Unidos. La nueva instrucción del DHS es garantizar una aplicación coherente de esto en todo el departamento.

CIUDADANÍA

¿Cómo van a afectar estas acciones ejecutivas el proceso de integración y la naturalización?

El 21 de noviembre de 2014, el Presidente emitió un Memorando Presidencial llamado: “Creando comunidades de bienvenida e integración plena de inmigrantes y refugiados,”. Estableciendo un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Nuevos Americanos. Dentro de los primeros 120 días, se espera que el grupo de trabajo, integrado por funcionarios de todo el Poder Ejecutivo que presenten recomendaciones que permitirán al gobierno federal dar forma a una estrategia de integración nacional. El memorando pone un fuerte énfasis en el trabajo con grupos locales y estatales que han estado defendiendo la integración de inmigrantes, con el objetivo de aprovechar, recursos federales estatales y locales en mejorar los esfuerzos para asistir y acoger inmigrantes, así como a las comunidades que los reciben.

En última instancia, la integración de inmigrantes también está conectada a ayudar con la transición del estatus de LPR a la ciudadanía. El 20 de noviembre de 2014, el Secretario de DHS Johnson emitió un memorándum memorando solicitando a los USCIS explorar opciones para ampliar el acceso a la naturalización y considerar formas innovadoras para hacer frente a las barreras que pueden impedir el acceso, incluso para las personas que carecen de recursos para pagar las tasas de solicitud. Entre otros temas, USCIS implementará la recepción de tarjetas de crédito para pagos de cuotas, determinará si se podría ampliar el uso de las exenciones de cuotas, y llevará a cabo una importante campaña de mercadeo para fomentar la naturalización.

APLICACIÓN

¿Cómo va a cambiar la aplicación de la ley de inmigración?

Al inicio de la administración Obama, el DHS trató de cambiar sus prioridades hacia lo que se denominó  “una aplicación efectiva e inteligente”. Para ello, la agencia reemplazó las incursiones en lugares de trabajo del pasado con una nueva estrategia de aplicación donde se prioriza la investigación y persecución de los “empleadores atroces” que impulsan la demanda de inmigración no autorizada. Fuera del lugar de trabajo, el DHS se ha comprometido a centrarse en la aprehensión de los ilegales condenados por delitos graves o que plantean riesgos de seguridad.

Sin embargo, las prioridades declaradas de la agencia no siempre se cumplen en la práctica. Agentes sobre el terreno continuaron deteniendo a un gran número de personas con fuertes lazos familiares o comunitarios en los Estados Unidos y sin antecedentes penales. Mientras tanto, el DHS siguió ampliando el uso de programas como “Comunidades Seguras”, que involucró a las fuerzas del orden público estatales y locales en las actividades de inmigración con una supervisión mínima por parte del gobierno federal.

Entre 2010 y 2011, el entonces Director del ICE, John Morton emitió varios memorandos que promueven el ejercicio ampliado de la discreción procesal en todas las fases de la ley de inmigración civil. Dos meses más tarde, el DHS anunció la creación de un grupo de trabajo unido entre el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) encargado de revisar todos los casos pendientes ante los tribunales de inmigración para identificar a los adecuados para un cierre administrativo. En junio de 2012, el DHS anunció que ciertos individuos que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños serían elegibles para una forma de discreción procesal conocida como Acción Diferida (DACA).

Las nuevas medidas anunciadas el 20 de noviembre de 2014, representan un intento para perfeccionar la política y los procedimientos del DHS para priorizar la deportación, lo que reduce la probabilidad de que los inmigrantes no autorizados que hayan residido en Estados Unidos durante muchos años y no cometieran ningún crimen sean objeto de deportación. La publicación de un solo memorando de prioridades de aplicación, vinculante para todas las agencias del DHS, la reestructuración de esas prioridades y la sustitución del programa de Comunidades Seguras representa un esquema de una aplicación más racional y coherente. Además, la posible inclusión de casi 5 millones de personas en los programas de acción diferida permitirá que los recursos de aplicación sean mejor orientados hacia las personas que presentan un riesgo real para la seguridad pública, así como empresas criminales transfronterizas y otros objetivos de alta prioridad.

¿Cuál es el propósito del nuevo comunicado de prioridades?

El secretario del DHS Jeh Johnson emitió un nuevo memorando titulado “Políticas para la aprehensión, detención y expulsión de inmigrantes indocumentados” el 20 de noviembre de 2014, que establece las políticas de todo el departamento para dar prioridad a la deportación de los inmigrantes no autorizados. Por primera vez, todas las agencias del DHS operarán bajo un conjunto compartido de prioridades de control que se centran en la expulsión de los individuos que representan una amenaza para la “seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.” Estas prioridades primarias incluyen a personas que practiquen o sean sospechosos de terrorismo o espionaje, personas condenadas por delitos graves, aquellos condenados por  delitos tipificados como agravados por la ley de inmigración, condenas relacionadas con pandillas o la participación intencional en este tipo de actividades y cruces recientes de frontera. El memo identifica prioridades secundarias, incluyendo condenas significativas o múltiples por delitos menores (Excluyendo de violaciones de tráfico) y cruces de frontera recientes (aquellos que entraron después de enero 1 de 2014). La prioridad más baja se concede a otros individuos con orden de expulsión emitida después del 1 de enero de 2014. Independientemente de estas prioridades, las personas con derecho a asilo u otra forma de asistencia no deben ser atacadas. Sin embargo, la nota también indica que cualquier persona puede ser objetivo para deportación si un Director de la Oficina del ICE (Control de Aduanas) determina que la expulsión serviría de importante interés federal. El memorándum reemplaza muchas de las políticas anteriores, incluidos memos específicos del ICE emitidos por el ex director Morton, excluyendo un memo diseñado para proteger a las víctimas de delitos y otros grupos vulnerables. Tras un periodo de formación, el memorándum se hará efectivo el 5 de enero de 2015.

¿Qué significa que el Presidente está terminando el programa “Comunidades Seguras”?

El programa Comunidades Seguras ha estado plagado de problemas desde su creación. Los críticos del programa han denunciado su impacto adverso en la policía comunitaria, afirmando que alienta la discriminación racial, y pone en relieve la creciente evidencia de que muchos individuos capturados y posteriormente expulsados a través del programa en realidad no representaban una amenaza para la seguridad pública. Como el DHS señaló: “Los gobernadores, alcaldes, funcionarios policiales estatales y locales de todo el país se han negado a cooperar cada vez más con el programa.” Por otra parte, “las órdenes de detención,” el eje central de Comunidades Seguras y otros programas del ICE, se han encontrado inconstitucionales en numerosos tribunales a lo largo de todo el país. Una orden de detención es una solicitud del ICE en la que un estado o cárcel local mantienen a un individuo retenido más allá del punto en que la persona de otro modo sería puesto en libertad, por lo que el ICE puede llevar a la persona a custodia del departamento de inmigración.

El memo de Comunidades Seguras emitido el 20 de noviembre 2014, por el secretario Johnson reconoce muchos de los defectos del programa, y reconoce que el programa no podía continuar en su forma anterior. Con el lanzamiento del Programa de Cumplimiento de Prioridad (Priority Enforcement Program) o PEP, un nuevo esquema que se centra esfuerzos en detener a individuos actualmente condenados por delitos específicos, la agencia debe reducir al mínimo el uso de órdenes de detención. Y mediante el control de la aplicación para descubrir cualquier actuación policial sesgada, la agencia está tratando de resolver muchos de los problemas que plagaron Comunidades Seguras.

El DHS conservará su capacidad de recopilar datos biométricos basados en huellas dactilares obtenidas por el estado y la policía local durante las custodias y presentarlos al FBI. Sin embargo, se altera sustancialmente lo que se hace con estos datos. En primer lugar, bajo los PEP (a diferencia de en Comunidades Seguras), el DHS normalmente buscará la custodia únicamente de una persona que haya sido condenada por ciertos delitos a los que se hacen referencia en su memo de prioridades de aplicación o aquellos que de una u otra manera representan un riesgo para la seguridad nacional. Los tipos de condenas que desencadenarán la acción DHS incluyen delitos nacionales relacionados con la seguridad, la actividad de pandillas, delitos graves y delitos con agravante, tres o más delitos menores u otros “significativos” (como la violencia doméstica, robo, delitos con armas de fuego, tráfico de drogas, y DUI –Driving under influence o manejar bajo efectos del alcohol-).

El PEP también empleará nuevas políticas de detención. En general, el ICE ya no va a emitir órdenes de detención. En cambio, el ICE solicitará que el Estado y las autoridades locales notifiquen al ICE de una persona en espera de su libertad. El ICE seguirá emitiendo órdenes de detención en “circunstancias especiales”. Es decir, cuando la persona tiene una orden final de deportación, o cuando hay suficiente causa probable para que la persona sea expulsada.

Finalmente, el DHS implementará procedimientos de monitoreo para determinar si hay “actuación sesgada de la policía” en el marco del programa PEP. El DHS designó a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles para supervisar a las agencias policiales estatales y locales que participen en la transferencia de personas de alta prioridad para el ICE.

¿Qué es la Frontera Sur y el Plan de Campaña Estratégico?

En su discurso a la nación del 20 de noviembre de 2014, el presidente Obama hizo hincapié en que su administración continuará los esfuerzos para asegurar la frontera sur. De hecho, el DHS ya había comenzado a poner en práctica una nueva estrategia coordinada en la frontera sur a principios de abril del 2014. Luego, en mayo, el Secretario anunció la Frontera Sur y el Plan de Campaña Estratégico, que describió en su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara como un programa que:

“Se guiarán por los resultados específicos y metas cuantificables para la seguridad fronteriza, aprobado por mí, y buscará un mejor intercambio de información, modernización continua y la integración de sensores. Además de estructuras de mando y control unificadas, según corresponda. El esfuerzo global de planificación también incluirá un subconjunto de planes de campaña centrada en abordar los retos dentro de áreas geográficas específicas”.

¿Las nuevas acciones ejecutivas podrán intervenir en cualquier problema de protección del trabajo?

El Departamento de Trabajo (DOL) anunció un Grupo de Trabajo Interinstitucional diseñado para asegurar la aplicación coherente del trabajo federal, el empleo y las leyes de inmigración con un énfasis en mejorar y coordinar la protección de los trabajadores que se encuentran en la intersección de las leyes de protección laboral y migratoria. El grupo de trabajo trabajará para promover políticas coherentes que alienten a los trabajadores inmigrantes a cooperar con los funcionarios sin temor a represalias y para garantizar que los empleadores sin escrúpulos no traten de socavar las leyes de protección al trabajador al estancar a los funcionarios de migración en los conflictos laborales. Estos esfuerzos incluirán el fortalecimiento de las herramientas para evitar que los trabajadores inmigrantes sean deportados durante un conflicto laboral.

Además, la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento del Trabajo ampliará su papel en la certificación de individuos que han sido víctimas de trata de personas o algunos otros crímenes a fin de ayudarles a establecer su elegibilidad para visas U o T. Las visas U brindan estatus legal a las víctimas de una lista de “actividades criminales calificadas” que hayan sufrido abuso físico o mental, que posean información relativa a ese crimen y que han sido o puedan ser de utilidad para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras que las visas T proporcionan un estatus legal a ciertas víctimas de la trata de personas que asisten a las autoridades policiales en la investigación o el enjuiciamiento de personas vinculadas a estos delitos.

En 2011, la WHD comenzó completar las certificaciones de visas U para víctimas de delitos detectados durante investigaciones en lugares de trabajo, incluidos la trata de personas, la servidumbre involuntaria, esclavitud, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. A partir de 2015, la WHD también completará la certificación de visas U en los casos correspondientes a  extorsión, trabajo forzado, y fraude en contratación de mano de obra extranjera. Además, se completarán certificaciones de visas T para las personas que se determinen que son víctimas de tráfico de seres humanos.

AUTORIDAD LEGAL PARA ESTAS ACCIONES EJECUTIVAS

¿Cómo se divide autoridad en lo que a migración se refiere entre el Presidente y el Congreso?

El Congreso hace las leyes, por ejemplo: la de inmigración, las leyes que rigen la forma en la que los extranjeros o los ilegales pueden convertirse en residentes legales permanentes (titulares de Green Card) o ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el Presidente, como jefe del poder ejecutivo federal, es en última instancia responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración. A su vez, debe tomar decisiones discrecionales, a través de sus agencias, sobre cuándo conceder beneficios o solicitar la aplicación de acciones específicas.

¿Qué es la discreción procesal?

La discreción procesal es el poder del ejecutivo para determinar cuándo se debe hacer cumplir la ley. Se trata de “una de las tradiciones más arraigadas en las leyes estadounidense,” es común y “ampliamente aceptado… en casi todos los contextos de aplicación de la ley.” En el tema penal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley toman decisiones acerca de cuándo presentar o abandonar cargos, cómo realizar la negociación de las imputaciones, Además, de cuándo y cómo llevar los casos a juicio.

En el contexto de la inmigración, la discreción procesal se refiere al poder del Departamento de Seguridad Nacional para decidir si se aplica (y en qué grado) la ley en un caso particular. La discreción procesal puede tomar múltiples formas. Cubre las decisiones del DHS donde se abstengan de aplicar la ley, como la cancelación la presentación de un documento de imputación (conocido como Aviso de comparecencia) en el tribunal de inmigración, así como las decisiones de proporcionar un recurso discrecional, como la concesión de una suspensión de deportación, libertad condicional o la acción diferida. Una discreción procesal favorable no proporciona estatus legal o de medios formales para la obtención de la residencia permanente. Sin embargo, lo que sí hace, es proporcionar un indulto temporal a la deportación.

¿El presidente tiene la autoridad legal para autorizar acción diferida para 5 millones de personas?

Sí. La obligación del Poder Ejecutivo de hacer cumplir la ley también lleva consigo la facultad de determinar cuándo, cómo y contra quién se hará cumplir la misma. Como la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha señalado, la práctica de conceder acción diferida ha sido reconocida por el Congreso y la Corte Suprema. Por otra parte, el proceso actual permanece individualizado, se asemeja a los tipos de programas de acción diferida que el Congreso ha aprobado previamente, y es compatible con los principios de larga data de la discreción procesal. Además, más de 100 profesores de derecho a lo largo de todo el país han afirmado que tanto los programas DAPA como DACA están dentro de la autoridad del Presidente.

¿Algún otro presidente ha hecho uso de acciones diferidas, acciones ejecutivas o de inmigración?

Hay un amplio precedente histórico para la acción Poder Ejecutivo en materia de inmigración. Desde 1956, todos los presidentes de Estados Unidos desde Eisenhower han tomado acciones ejecutivas para otorgar asistencia migratoria temporal a las personas que necesiten ayuda. En al menos 39 casos, los presidentes han actuado para proteger a las familias de separación, en respuesta a las crisis de política exterior o, en reconocimiento de la legislación pendiente.

Quizás el paralelismo histórico más llamativo para DACA y DAPA es la “Equidad Familiar” (Family Fairness) que es una acción diferida implementada por los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y George Bush padre. En 1986 la Reforma de Inmigración y Acto de Control (IRCA) dio a 3 millones de inmigrantes no autorizados una vía para la legalización si hubiesen estado “continuamente” presentes en los Estados Unidos desde el 1 de enero de 1982. Sin embargo, la nueva ley creó familias con “elegibilidad dividida”, al igual que las familias de estatus mixto que existen hoy, al excluir a los cónyuges e hijos que no calificaban. La historia legislativa de la ley preveía explícitamente que estos miembros de la familia tendrían que “esperar en la fila”.

En 1987, el Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) del gobierno de Reagan anunció un margen de aplazamiento para la deportación (logísticamente similar al programa DACA de la actualidad) para niños menores de 18 años que vivieran en un hogar con uno o sus dos padres en proceso de legalización. Luego, en julio de 1989, el Senado aprobó una legislación para proteger a un grupo más grande, prohibiendo la expulsión de cónyuges o hijos de aquellos que se estuviesen legalizando bajo el IRCA. Pero la legislación se estancó en la cámara.

En 1990, el presidente Bush padre implementó administrativamente algunas disposiciones del proyecto de ley del Senado. Luego la Cámara aprobó la legislación y el presidente la firmó más tarde ese año.

HISTORIA Y ANTECEDENTES

¿Cuál es la historia de la reforma migratoria durante el gobierno de Obama?

El presidente Obama ha prometido desde hace tiempo que iba a trabajar para mejorar el sistema de inmigración del país. En mayo de 2008, durante su campaña, el entonces senador Obama dijo al presentador de noticias de Univisión, Jorge Ramos, que quería que el Congreso presentará un proyecto de ley de reforma migratoria integral en su primer año como presidente y: “Quiero pedir que se avance lo más rápido posible.” Pero a medida que el debate migratorio se estancó en el Congreso, la Administración Obama tomó medidas para mejorar las políticas de inmigración.

El 17 de junio de 2011. Morton, el entonces director del ICE emitió dos memorandos significativos en el uso de la discreción procesal en materia de inmigración. La Discreción procesal se refiere a la autoridad de la agencia para decidir cómo y en qué medida, hace cumplir la ley en un caso particular. La nota principal (el memorando Morton referido a la discreción procesal) hace un llamado a los abogados y oficiales del Ice de abstenerse de perseguir a los ilegales con la familia cercana y vínculos educativos, militares, etc. con los Estados Unidos y a su vez dedicar los limitados recursos de la agencia en personas que representan una grave amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional. El Segundo memorando de Morton se centra en el ejercicio de la discreción en los casos de las víctimas de delitos, testigos y los demandantes en buena fe de derechos civiles.

Y en junio de 2012, el presidente Obama anunció el programa de Acción Diferida para Llegada en Infancia (DACA), que ofrece indultos de la deportación a jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país como menores de edad y cumplen con ciertos otros requisitos específicos. El presidente Obama dijo que la política era “hacer lo correcto”, llamándolos Soñadores: “Americanos en sus corazones, en sus mentes y en todos los sentidos, menos uno: En el papel”. Durante el 2014, más de medio millón de jóvenes inmigrantes han recibido el estatus legal temporal a través del DACA.

En 2014, tras el fracaso de la Cámara de Representantes para lograr cualquier legislación migratoria integral, el Presidente se comprometió a tomar acciones por su cuenta. En su anuncio de las medidas dijo:

“Cuando asumí el cargo, me comprometí en arreglar este sistema de inmigración dañado… Yo trabajé con el Congreso en una solución integral, y el año pasado, 68 demócratas, republicanos e independientes se unieron para aprobar un proyecto de ley bipartita en el Senado… La Cámara de Representantes debió discutir este tipo de proyecto de ley en un simple voto de sí o un no, habría pasado con el apoyo de ambos partidos, y hoy sería la ley. Pero durante un año y medio, los líderes republicanos de la Cámara se han negado a permitir que ese voto simple… Ahora, sigo creyendo que la mejor manera de resolver este problema es trabajar juntos para aprobar este tipo de ley de sentido común. Pero hasta que eso ocurra, hay acciones que como presidente tengo la autoridad legal para tomar –el mismo tipo de medidas adoptadas por los presidentes demócratas y republicanos antes que yo- que ayudarán a hacer que nuestro sistema de inmigración sea más justo e imparcial”.

¿Qué pasó en el Congreso número 113?

Hubo un nuevo impulso a la reforma integral de la inmigración después de la elección de 2012. “Creo que el enfoque integral se ha atrasado mucho tiempo, y estoy seguro de que el presidente, yo mismo y otros, podemos encontrar el terreno común para hacernos cargo de este problema de una vez por todas”, dijo el presidente de la Cámara John Boehner en una conferencia de prensa post-electoral. En enero de 2013, ocho senadores, los demócratas: Chuck Schumer (Nueva York), Dick Durbin (IL), Bob Menéndez (Nueva Jersey), Michael Bennet (CO); y los republicanos: John McCain (Arizona), Marco Rubio (FL), Lindsey Graham (Carolina del Sur), y Jeff Flake (AZ) emitieron su marco de una reforma migratoria integral. En particular, la propuesta daría a los inmigrantes no autorizados que ya están en el país la oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Los cuatro “pilares legislativos” descritos en este marco se convirtieron en la base para la S.744, el proyecto de ley de inmigración bipartita que el Senado aprobó 68 a 32 en junio de 2013.

Justo antes de que el Senado aprobara la S. 744, Boehner dijo que la Cámara no apoyaría la S. 744, sino que en su lugar se centraría en su propio proyecto de ley de inmigración. Más de la mitad de una docena de proyectos de ley de inmigración fueron introducidos en la Cámara de Representantes, pero ninguna legislación mayor relacionada con la inmigración había llegado al pleno de la Cámara para finales de 2013. Los republicanos de la Cámara se centraron en un enfoque poco sistemático, mientras que los representantes demócratas se unieron en la H.R 15, un proyecto de ley integral de inmigración similar a S. 744.

En enero de 2014, Boehner emitió las bases de la reforma migratoria para los republicanos de la Cámara, pero esas directrices no se tradujeron en un nuevo impulso para la reforma. Los representantes demócratas intentaron forzar Boehner para llamar a una votación sobre el proyecto H.R 15 cuando presentaron una petición de cumplimiento en marzo, pero no recibieron suficientes votos. En lugar de ofrecer una solución legislativa al sistema de inmigración, antes del receso de agosto los republicanos de la Cámara aprobaron dos proyectos de ley que asignan sólo una fracción de los fondos necesarios para hacer frente a la situación humanitaria que rodea a los niños no acompañados y que habría terminado con el programa DACA, despojando asistencia en contra de la deportación a más de medio millón de jóvenes inmigrantes.

CONCLUSIÓN

En su conjunto, el paquete de acciones ejecutivas anunciadas el 20 y 21 de noviembre son un primer paso hacia una conversación más amplia sobre la política de inmigración. En los primeros días después de estos anuncios, es la expansión de del programa DACA y creación del DAPA lo que recibió la mayor atención, pero los partidarios y críticos por igual están revisando cuidadosamente todos los programas para determinar lo que significan para el país. Como suele ser el caso, la cuestión fundamental es si las buenas ideas y las políticas dictadas desde Washington se traducirán en progresos reales. Hay muchos signos esperanzadores de que estos programas puedan tener un impacto duradero y positivo en nuestras políticas de inmigración, pero la aplicación reflexiva y comprometerse con las partes interesadas que se preocupan muy profundamente sobre estos temas –desde las formas de aplicación, la frontera, los negocios y los derechos laborales- serán fundamentales para garantizar que la promesa de cambio se realice. Incluso si todos los programas se implementan en la mejor y más justa manera posible, todavía no será suficiente sin una reforma legislativa del sistema.

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este texto o sobre temas migratorios por favor comuníquese vía telefónica o por correo electrónico con Erika Rodríguez, Abogado de Inmigración en San Diego, con amplia experiencia en esta área y que gustosamente le asesorará.