La nueva administración, liderada por el presidente Trump está lanzando una serie de medidas encaminadas a resaltar de forma pública todos aquellos supuestos peligros que están vinculados a los inmigrantes ilegales. Todo esto lo hace con la finalidad de afianzar apoyo político.
En la Casa Blanca, el Presidente Trump ha utilizado en varias ocasiones su posición para destacar algunos de los crímenes más sensacionalistas perpetrados por inmigrantes, y se ha reunido con familiares de sus víctimas en la Oficina Oval.
“Estamos brindando una voz a aquellos que han sido ignorados”, dijo Trump durante su discurso de horario estelar al Congreso el mes pasado antes de destacar cada una de las historias de las familias.
Sin embargo, los críticos, entre ellos los defensores de los derechos civiles y los abogados de inmigración, dijeron que la administración Trump está exagerando intencionalmente los peligros y haciendo de sus chivos expiatorios a una amplia franja de inmigrantes simplemente para manipular los temores públicos, y crear más apoyo político para sus políticas.
Aun así de que dos informes publicados por el Sentencing Project y el Instituto Liberal Cato, confirmaron estudios pasados en los cuales los inmigrantes, incluyendo aquellos aquí ilegalmente, cometen delitos a tasas mucho menores que los estadounidenses nacidos en el país.
El Director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Gregory Chen dijo:
“La gran preocupación es que las políticas del gobierno parecen estar basadas en la idea de que el estatus migratorio es algún tipo de indicador de la criminalidad, cuando no lo es en absoluto”, dijo. “¿Por qué esta administración está tan concentrada en hacer la conexión entre el crimen y la inmigración?”
Más allá de la inmigración ilegal, Trump ha caracterizado a los inmigrantes como potenciales amenazas terroristas en sus intentos de promulgar una prohibición a los refugiados y viajeros de varias naciones mayoritariamente musulmanes. Aunque sus dos órdenes de prohibición de viaje han sido bloqueadas en una corte federal, la más reciente incluyó una disposición que obligaba al gobierno a comenzar a publicar información sobre actos de “violencia contra las mujeres”, cometidos por extranjeros en los Estados Unidos.
En recientes semanas, el Secretario de Prensa, Sean Spicer, citó un caso de violación en una escuela secundaria de Rockville, Maryland, en la que los dos presuntos autores, eran adolescentes que estaban ilegalmente en el país y de alguna forma Trump usa eso como mecanismo para justificar sus acciones contra la comunidad de inmigrantes.
Los aliados de Trump también han ofrecido cobertura de crímenes sensacionalistas perpetrados por inmigrantes. Breitbart, el sitio conservador de noticias supervisado previamente por el consejero mayor Stephen K. Bannon de la Casa Blanca, dedica regularmente una sección en su página de inicio a tal contenido.
Por otro lado, DHS dio el primer paso hacia una estrategia de relaciones públicas más sólida según lo exigido por las órdenes ejecutivas de Trump, publicando una lista de 206 jurisdicciones locales – que se actualizarán semanalmente – las cuales se negaban a detener a los inmigrantes encarcelados más allá de sus fechas de liberación para que el gobierno pudiese tomarlos bajo custodia y tratar de deportarlos.
Estas acciones de nombrar y avergonzar a las jurisdicciones tiene como objetivo el presionarlas públicamente para que cooperen, especialmente las ciudades santuarios que no quieren que los inmigrantes teman a la policía o sean deportados por delitos menores de tráfico. A raíz de esto, Trump ha amenazado con retener algunos fondos federales de esas ciudades, lo cual está constitucionalmente prohibido. Veremos si estas amenazas de Trump se haces realmente válidas contra las autoridades locales.
